El manifiesto de John Doe

PanamaPapers

Hace unos días, el Whistleblower „John Doe“ envió una carta abierta al Süddeutsche Zeitung brindando detalles sobre la filtración que se conoció con el nombre de #PanamáPapers, su motivación política, su objetivo y perspectiva personal. El diario la publicó en alemán y en inglés; existe una versión en español dando vueltas por la red pero es tan mala que decidí traducir el texto en alemán y publicarlo aquí.

La introducción, en cursiva, es del mencionado periódico:

Hace ya más de un año, un informante anónimo se comunicó con el Süddeutsche Zeitung (SZ). Este informante se hacía llamar „John Doe“, y le ofreció al periódico información sensible del estudio de abogados panameño „Mossack Fonseca“. El SZ decidió analizar esos datos con la ayuda del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), y en el transcurso de esa investigación, la cooperación se extendió a más de cuatrocientos periodistas de más de cien medios de ochenta países. La reacción internacional a la publicación de los Panamá Papers, hace un mes, fue gigantesca: hubo renuncias, demostraciones masivas, razzias y se iniciaron investigaciones judiciales en docenas de países. John Doe le ha hecho llegar ahora una carta al SZ que puede leerse, al mismo tiempo, como manifisto, como declaración de intenciones y como llamado a la acción. El SZ la publica aquí, en alemán y en inglés […] El texto, así como su posición política, no tuvo ni tendrá influencia alguna en las publicaciones del SZ o de ninguno de sus medios asociados en la presente investigación. La entrega de los documentos que dieron origen a los Panama Papers no estuvo condicionada de forma alguna. SZ

La desigualdad del ingreso, la brecha entre los más ricos y los más pobres, es uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. A nivel mundial, nos compete a todos y a cada uno de nosotros. Hace años que se ha desatado el debate sobre el empeoramiento de la situación; y sin embargo ni políticos, ni científicos ni activistas, luego de inumerables discursos, análisis, algunas protestas y un puñdo de películas documentales, han podido ofrecer una solución a ese problema. Todavía no teníamos respuesta a las preguntas „¿Por qué?“ y „¿Por qué ahora?“

Los PanamaPapers nos ofrecen una respuesta evidente: corrupción corriente y generalizada. No es casual que en el centro del escándalo esté el estudio de abogados Mossack y Fonseca. Dicho bufete es más que un pequeño engranaje en una gran maquinaria de administración patrimonial. Durante décadas, alrededor del planeta, el estudio usó su influencia para violar la ley —y en algunos casos, directamente, para dictar leyes— en pos de salvaguardar intereses criminales. Mossack Fonseca hasta logró crear su propio paraíso fiscal: la isla Niue en el pacífico sur.

Ramón Fonseca y Jürgen Mossack quieren hacernos creer que las empresas fantasma son „como autos“: nadie haría responsable a un vendedor de autos por los crímenes que pudieran cometerse con los vehículos vendidos por él. Pero los vendedores de autos no redactan leyes. Y vistas con detenimiento, las empresas fantasma que vendía Mossack Fonseca estaban diseñadas para el desfalco y la estafa a gran escala. Si fueran autos, serían autos muy especiales.

Las empresas fantasma están comunmente asociadas con la evasión impositiva. Sin embargo, los PanamaPapers prueban sin rastro de duda que, aún cuando las empresas fantasma no sean ilegales en sí mismas, en primera instancia sirven para cometer un abanico de delitos mucho peores que la evasión impositiva.

Decidí someter a Mossack Fonseca al juicio de la opinión pública porque considero que sus fundadores, sus empleados y sus clientes deben responder por sus crímenes. Hasta ahora, solo una pequeña fracción de los negocios sucios de Mossack Fonseca ha visto la luz. Harán falta años, quizás décadas, hasta que se descubra todo.

Quiero dejar en claro que no trabajo para ningún gobierno o servicio secreto

Desde la publicación de los PanamaPapers se ha desatado un debate que promete ser esperanzador. Atrás quedó la retórica cordial del pasado, que intentaba protejer a los ricos y poderosos. Ahora estamos llegando al nudo del asunto.

Aquí quisiera compartir algunas reflexiones:

Quiero dejar en claro que no trabajo para ningún gobierno o servicio secreto y que nunca lo hice, ni como empleado directo ni por encargo ocasional. Represento únicamente a mi persona. Del mismo modo, mía y unicamente mía fue la decisión de entregar la documentación que dio origen a los PanamaPapers al SZ (y así también al ICIJ). La decisión de filtrar esta información no no se produjo por motivaciones políticas, sino porque mediante la revisión de los documentos comprendí la escalofriante magnitud de su contenido.

La recepción mediática se ha limitado hasta ahora a hacer incapié en lo que —sin dudas de manera escandalosa— es „legal“ dentro del sistema. En efecto, la cantidad de cosas que son legales y están permitidas, constituyen un escándalo y deberían ser revisadas. Pero no debemos dejar de lado un punto importante: El estudio de abogados; sus fundadores y empleados, quebrantaron repetidas veces inumerables leyes de forma consciente, sistemática y global.

En sus declaraciones públicas siempre simularon no haber sabido de las maniobras ilegales, pero los documentos muestran que estaban perfectamente al tanto y que quebraron la ley muchas veces y con toda intención. Ya está demostrado, por ejemplo, que mientras Jürgen Mossack juraba decir „toda la verdad“, en un proceso en su contra llevado a cabo en Nevada, su departamento de informática intentaba deshacerse de pruebas que podían comprometerlo. Por crímenes como este, deberían responder ante la ley.

Los PanamaPapers podrían desencadenar un aluvión procesual de considerables dimensiones, si las autoridades llegan a hacerse con la documentación necesaria. El ICIJ y sus medios asociados han declarado, con toda razón, no estar dispuestos a entregar la documentación a terceros. Yo, sin embargo, sí estoy preparado para colaborar con las autoridades en el marco de mis posibilidades.

Pero todos sabemos lo que ocurrió con los informantes y activistas en Europa y EEUU, como fue destruída su vida después de haber hecho pública la información de actividades evidentemente criminales. Edward Snowden está confinado en el exilio moscovita, porque el gobierno de Obama dictó una orden de captura en su contra basandose en la Ley Anti-Espionaje. Snowden merecería una medalla, merecería ser reconocido como un héroe por hacer público el escándalo de NSA, en lugar de ser castigado por ello. Bradley Birkenfeld fue recompensado con millones de dólares por la hacienda norteamericana por sus informaciones sobre el banco suizo UBS, y aún así fue condenado por el ministerio de justicia del mismo país. En este momento, Antoine Deltour está siendo sometido a un proceso en Luxemburgo por haberle brindado información a periodistas que dieron a conocer públicamente cómo el país atraía a empresas internacionales con beneficios fiscales, estafando —en última instancia— en miles de millones a sus vecinos europeos.

Existe una cantidad enorme de ejemplos similares. Los informantes que hacen lo moralmente correcto al descubrir actividades criminales, sean insiders o outiders, estén condicionados por acuerdos de confidencialidad o no, merecen inmunidad ante la ley. Punto. Hasta que los gobiernos no garanticen la protección legal de informantes y whistleblower, las autoridades responsables de la persecusión de delitos estarán limitadas a sus propias fuentes o —en el mejor de los casos—, a las publicaciones en los medios de comunicación, para llegar a los documentos que necesitan para realizar su tarea.

Mientras tanto, apelo a la Comisión Europea, al Parlamento británico, al Congreso de los Estados Unidos y a todas las demás naciones a actuar con celeridad, no solamente para proteger a los informantes, sino también para terminar de una vez con el abuso mundial de los registros comerciales. Europa debe hacer que los registros comerciales de los países integrantes de la comunidad europea sean transparentes, y públicos los nombres de los beneficiarios reales de las empresas.

Gran Bretaña, que en materia de política interna puede estar orgullosa de las medidas adoptadas en este sentido, debe tomar la iniciativa y eliminar el secreto bancario de sus territorios de ultramar, lo que sin duda alguna constituye de las columnas sobre las que se asienta la corrupción global organizada. Y Norteamérica debe revisar la manera en que los diferentes estados se manejan con la información empresarial. Ya es hora de que el congreso tome cartas en el asunto e implemente políticas de transparencia para garantizar el acceso público a este tipo de información.

Una cosa es exclamar las virtudes de la transparencia en Cumbres de Estado, y otra muy distinta es convertir en hechos las declaraciones de buenas intenciones. Es un secreto a voces que los congresistas norteamericanos ocupan gran parte de su tiempo en recaudar fondos de campaña. De esta forma, mientras que los funcionarios electos deban pedir dinero a aquellas elites cuyo interés por la evasión fiscal se diferencia sustancialmente del resto de la población, será imposible luchar de forma efectiva contra la evasión fiscal. Gracias a esta asquerosa práctica política el problema es irresoluble: la serpiente se morderá la cola por siempre. El sistema norteamericano de financiamiento de campaña está gravemente enfermo y debe ser reformado cuanto antes.

Los bancos, los organismos de control financiero y las autoridades han fracasado

Por supuesto que lo expuesto hasta ahora no representa el único problema. El Primer Ministro de Nueva Zelanda, John Key, ha mantenido un sorprendente silencio sobre el papel de su país en permitir que las islas Cook se conviertan en una verdadera meca del fraude financiero. En Gran Bretaña, el partido conservador intentó —con todos los medios y evidente descaro— ocultar su participación en empresas offshore; mientras que Jennifer Shasky Calvery (la Directora de la Red de Vigilancia contra Delitos y Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos) acaba de anunciar su renuncia para irse a trabajar al HSBC, uno de los bancos más sospechados del mundo, que casualmente tiene su sede central en Londres. Así, el sonido de la „puerta giratoria“ de la administración pública estalla en el estruendoso silencio de los dueños desconocidos de miles de compañías offshore, quienes probablemente estén rezando para que el sucesor de Calavery sea igual de pusilánime. Ante tamaña cobardía política es tentador refugiarse en el derrotismo, creer que el status quo no puede ser cambiado y que los PanamaPapers son la prueba del progresivo hundimiento moral de la sociedad.

Pero sin embargo, la problemática ha tomado carácter público y los cambios, como es sabido, requieren tiempo. Durante cincuenta años, los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales de todo el mundo han fracasado en la lucha contra los paraísos fiscales, que se extienden como metástasis alrededor del planeta. Incluso ahora, mientras Panamá proclama a cuatro vientos que no quiere ser sinónimo de los PanamaPapers, las autoridades de ese país están investigando solo a Mossak Fonseca, una gota visible pero insignificante en un océano de compañías offshore.

Los bancos, los organismos de control financiero y las autoridades de hacienda han fracasado. Las medidas que se han tomado han favorecido a los ricos y perjudicado a las clases media y baja.

Ha fracasado un sistema judicial furiosamente incompetente y retrógrado. Demasiadas veces, los jueces han aceptado los argumentos de los ricos, cuyos abogados —y no solo los de Mossack Fonseca— son muy buenos en interpretar la letra de la ley, y muy malos en honrar su espíritu.

Los medios han fracasado. Muchas cadenas de televisión solo son caricaturas de la sombra de lo que alguna vez fueron, y la compra de periódicos parece haberse convertido en una moda entre multimillonarios, que impide la investigación de los ricos y super-ricos. Como contrapartida, los periodistas de investigación serios carecen de fondos. Esta dinámica tiene consecuencias: aunque se afirme lo contrario, varios redactores de diferentes medios (además de los del SZ y del ICJC) tuvieron acceso a los documentos de los Panamá Papers, y decidieron no publicarlos. La triste realidad es que muchas de las organizaciones mediáticas más famosas y competentes no demostraron interés por esta historia.

Ni siquiera Wikileaks.

Pero sobre todo han fracasado los abogados. La democracia necesita de individuos responsables que comprendan y defiendan la Ley, no que la comprendan y la violen. En promedio, los abogados son tan profundamente corruptos que es imperativo aplicar cambios significativos en la profesión, más allá de propuestas dóciles que ya se han hecho. Para comenzar, el término „ética jurídica“, sobre el cual se basan los códigos de conducta y las licencias profesionales, se ha convertido en un oxímoron. Mossack Fonseca no actuó en el espacio vacío: encontró aliados y clientes en practicamente cada país del mundo, a pesar de haber sufrido en reiteradas ocasiones de mala prensa y tener una pésima reputación. Como si las industrias quebradas de estos países no fueran evidencia suficiente, a más tardar ahora debería exigirse una revisión de la autoregulación de los juristas. Simplemente, no funciona. Los poderosos del mundo siempre encontrarán abogados, sean de Mossack Fonseca u otros que no conocemos, dispuestos a corromperse para conseguir sus fines.

Ha llegado la hora de actuar

Las consecuencias de este fracaso colectivo desembocan en la decadencia ética de la sociedad y en última instancia, producen un nuevo sistema, que todavía llamamos „capitalismo“, pero que no es otra cosa que una forma de esclavitud económica. En este sistema —nuestro sistema— los esclavos no saben que son esclavos ni conocen a sus amos, que viven en un mundo paralelo y que esconden meticulosamente las cadenas de la dominación bajo montones de ininteligibles textos jurídicos. La dimensión mundial del desastre debería despertarnos a todos.

Pero aún más preocupante debería ser el hecho de que la señal de alarma haya sido encendida por un informante, pues significa que los mecanismos de control de nuestra democracia han fallado; que el colapso es sistémico y que colpasos aún mayores todavía pueden suceder. Ha llegado la hora de actuar; y un buen comienzo sería, por fin, hacerse las preguntas correctas.

Los historiadores saben que las desigualdades impositivas y las desigualdades de poder pueden desencadenar revoluciones. Antes hacía falta poderío militar para someter a los hombres; hoy es más efectivo bloquear el acceso a la información; sobre todo porque estas cosas suceden siempre en las sombras. Pero vivimos en una época de almacenamiento de información sin límites, y de interconexión sin límites, que trasciende las fronteras nacionales. Todo parece indicar que la próxima revolución será digital.

Y quizás ya haya comenzado.